El Consell de Ibiza ha anunciado que contratará a una empresa externa de rastreadores o "detectives" para infiltrarse y desactivar fiestas ilegales que se desarrollen en viviendas. Así lo ha anunciado este martes el vicepresidente del Consell de Ibiza, Mariano Juan, tras una reunión en la que han participado el director insular de la Administración del Estado, Enrique Sánchez, y los responsables políticos y jefes de las policías de todos los municipios de la isla.

Juan ha señalado que este servicio de rastreadores se activará este mismo verano con el fin de acabar con un "peligro sanitario" como son las fiestas ilegales que vienen motivadas por el "cierre del ocio nocturno". El conseller ha señalado que estos rastreadores, que serán de fuera de la isla con el fin de conseguir el anonimato, podrán infiltrarse en fiestas y levantar acta o trasladar la información de la fiesta previamente para desactivarla antes de que se celebre.

El problema "no es el lugar dónde se celebra la fiesta sino la misma fiesta en si"

El conseller ha detallado que estas fiestas no son un problema exclusivo de las viviendas turísticas, pero sí del "suelo rústico", aunque ha destacado que el problema más grave "no es el lugar dónde se celebra la fiesta sino la misma fiesta en si". En cuanto a los organizadores de estas fiestas, Juan ha señalado que son "piratas, en muchos casos, profesionales" que no repiten las mismas viviendas. "No hay duda de que hay una organización detrás, grupos organizados que mueven mucho dinero, son extranjeros y han venido de fuera", ha concretado.

Además, los clientes son captados en establecimientos turísticos y mediante las redes sociales y, según ha dicho, si antes se pagaba la entrada en puerta, ahora se ha detectado el pago por adelantado y es cuando el cliente recibe la localización de la fiesta. Otra de las propuestas que se ha puesto sobre la mesa es la posibilidad de cortar el suministro eléctrico de la vivienda en la que se celebra la fiesta ilegal.

Aun así, el vicepresidente ha señalado que esta medida deberá analizarse "jurídicamente" para saber si es viable y poder elevarla al ejecutivo balear. El conseller ha arremetido contra el Govern balear, de quien ha dicho que los "han dejado solos" ante esta situación, y ha asegurado que no se puede aceptar que "se lave las manos" al ser un problema de la isla de Ibiza: "No es un problema turístico, es un problema sanitario", ha reiterado.