Cerca de 30 coches y un par de motos recorrieron ayer las calles de Vila, Jesús y Puig d’en Valls para exigir de nuevo la equiparación de la indemnización por residencia de los trabajadores públicos con la de Canarias. «Estamos en una situación límite, no podemos más. Mogollón de compañeros se tienen que ir de la isla porque con los sueldos que tenemos no se puede hacer una vida aquí», indica Miguel Torres, portavoz del colectivo de funcionarios de prisiones 'Tu abandono me puede matar', antes de iniciar la marcha, en la que, además de ellos, participaron sanitarios e integrantes de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.
«Si unimos fuerzas creo que podremos conseguirlo», añade Torres. «El Govern debería dimitir, son sus trabajadores los que están saliendo a la calle», apunta Juan Talavera, enfermero y portavoz de la Unión de Sanitarios por la Equiparación de la Indemnización por la Residencia (Useiri), la plataforma de sanitarios que inició en Ibiza el movimiento para exigir la equiparación de la indemnización por residencia. «Sólo quiere hablar con los sindicatos, pero llevan veinte años y no se ha conseguido nada. Lo que necesitamos es que hablen con los trabajadores, que somos los que tenemos la verdad», señala Talavera mientras, a sus espaldas, sus compañeros se preparan para iniciar la marcha (la cuarta desde que comenzaron las protestas) cubriendo capós y ventanillas de los vehículos con pancartas.
El Govern debe dimitir, son sus trabajadores los que están saliendo a la calle
«Stop a la fuga de sanitarios», «Justicia salarial ya», «Sanitarios castigados, sueldo rebajado». «Los recortes en sanidad matan», «¿Por qué Ceuta, Melilla, Canarias y Formentera sí y nosotros no? También somos una isla», rezaban algunos de los mensajes con los que la caravana partió del centro de salud de Vila pasadas las doce del mediodía y que, a diferencia de en otras ocasiones, pasó por ses Feixes y Puig d’en Valls antes de adentrarse en la ciudad de Ibiza, momento en el que se sumaron algunos coches más. «Hay mucha gente trabajando. Las plantillas son mínimas, están infradotadas. Esta manifestación nos cuesta un sacrificio enorme, hay compañeros que tienen que hacernos turnos para que podamos venir. Además, hay gente que está de exámenes», justifica Talavera la escasa afluencia comparada con protestas anteriores que llegaron a superar los cien vehículos.
300 euros de diferencia
«Lo importante es que nos oigan», continúa el portavoz de Useiri, que afirma que seguirán con estas movilizaciones de forma regular —«cada dos semanas, más o menos»— hasta conseguir la equiparación que, aunque varía en función de la categoría, ronda los 300 euros mensuales de media, afirman los portavoces de dos de los colectivos participantes en la marcha. Torres defiende que estos 300 euros de más que, en su caso, cobraría si trabajara en Lanzarote o La Palma, sumados al elevado coste de la vida en la isla supone que muchos trabajadores renuncien a sus plazas o, una vez aquí, se marchen de la isla en cuanto tienen la oportunidad. «Al que no tiene vivienda aquí se le hace imposible», continúa el funcionario de prisiones, que insiste en que esta situación redunda en unas plantillas infradotadas. «La gente viene forzada a la isla y al año se marcha», explica.
No podemos más, con los sueldos que tenemos no se puede hacer una vida aquí»
Los colectivos afectados por el plus de insularidad se han planteado la posibilidad de convocar una huelga, sin embargo, por el momento han descartado esa opción. «La ley establece servicios mínimos y eso supone que haya más gente trabajando el día de la huelga que cuando no hay huelga», justifica, irónico, Torres. «Actuamos bajo la premisa de que somos funcionarios públicos y queremos lo mejor para la población», apunta Talavera cuando se le pregunta por acciones de presión más contundentes. «No vamos a parar en esta lucha», afirma, contundente.
