Durante los cinco días que ha durado el juicio por el robo de 2,7 millones de euros a las Empresas Matutes, los medios de comunicación han tenido prohibido el acceso a la sala en la que se celebraban las vistas. Las declaraciones de ambos acusados, que se sucedieron durante el primer día, tan solo las conocen los allí presentes, vulnerando así el derecho a ejercer su trabajo de los comunicadores y el acceso a una información veraz a los ciudadanos. El resto de días, y tras varias quejas por parte de los periodistas, se habilitó una sala tan solo con audio para seguir las sesiones. Y no por falta de recursos, ya que el informático se las vio y deseó para bloquear la entrada de imágenes, tal y como se había ordenado. El covid es el causante de todo, alegan desde los juzgados. El aforo, reducido a cinco personas en la sala, impedía el acceso de los informadores. Sin embargo, tras un año y medio de pandemia, y como administración abanderada de la Justicia, se le suponía más previsión. Teniendo en cuenta que cada día llegan a la isla como sardinas en lata cientos de turistas que viajan en avión, las restricciones en la sala de juicios parecen algo excesivas. Sobre todo, cuando el derecho a la información está en juego.
