Álvaro García, FGE, ¿quiere coger cinco días y pensarse si le merece la pena seguir?

He aquí una de las paradojas del “Estado Judicial” en España.

Acto I

La Agencia Tributaria desarrolla una investigación tan rigurosa como eficaz sobre la defraudación de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Resulta que las inspectoras desmontan las empresas pantalla y detectan las facturas falsas para acabar estableciendo que la empresa Maxwell Cremona, de González Amador, había obtenido un beneficio de 2,33 millones de euros en la venta de mascarillas durante la pandemia (ejercicios 2020 y 2021) y que había hurtado de tributar 350.951 euros en su negocio de “facturero”, como se conoce una de las modalidades de intermediación en la jerga de los iniciados.

Y, a continuación, las inspectoras aportan su informe, como es habitual, a la Fiscalía de Madrid para que presente una querella penal, la que hace su trabajo en el camino a la judicialización del caso, esto es, se pone en contacto con Carlos Neira, el abogado que representa los intereses de González Amador, quien a su vez es un conocido abogado en temas fiscales, exinspector y exalto cargo de Hacienda. Surge la iniciativa de González Amador, a través de Neira, el 2 de febrero de 2024, de reconocer los dos delitos que contemplará la querella, pagar la cuota defraudada (350.951 euros), los intereses de demora y una sanción del 40%. En números redondos unos 500.000 euros. También se acepta ocho meses de cárcel, cuatro por cada delito, condicionado a la suspensión pacto del ingreso en prisión.

Álvaro García, el fiscal general del Estado que ha puesto la Fiscalía a los pies de los caballos

La querella está a punto de presentarse en los juzgados de Madrid. Eso supondrá la imputación de González Amador y de aquellos que le han prestado, a cambio de dinero, sus empresas pantallas.

Acto II

Solo estamos a unos días de que el asunto, pues, pase a los juzgados.

El contexto político: ha estallado el caso Koldo de venta de mascarillas durante la pandemia el 21 de febrero. Durante semanas los medios no hablan más que del asesor-chófer-hombre de confianza del exministro José Luis Ábalos. También asoma el caso Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno.

Y he aquí que a mediados de marzo de 2024 se filtra la noticia sobre la defraudación de Alberto González Amador tras la venta de mascarillas.

El centro de gravedad del caso de la defraudación fiscal se desplaza de las diligencias penales a la irrupción de Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Díaz Ayuso para contrarrestar las noticias sobre su pareja.

Su recurso: un correo reservado de respuesta de la Fiscalía de Madrid a Carlos Neira el abogado de González Amador. Allí se habla de un acuerdo de conformidad. Rodríguez hace pasar gato por liebre. Revela el correo reservado y dice junto a él que es la Fiscalía la que tiene la iniciativa del pacto y que de arriba no les dejan, dando a entender que hay una presión política.

La entrada en escena de Rodríguez provoca el salto al ruedo del fiscal general del Estado, Álvaro García. Obtiene los correos, muestra uno de ellos a un medio el miércoles 13 por la noche al tiempo que anuncia que se difundirá al día siguiente un comunicado de la Fiscalía.

El FGE habla con la fiscal superior del TSJM de Madrid, Almudena Lastra, sobre ese comunicado. La fiscal le explica que pensaba a ver un comunicado breve desmintiendo la información de Rodríguez. Es decir: es el abogado de la pareja de Ayuso la que propone el pacto. Y punto. Pero el FGE decide que el comunicado debe puntualizar toda la secuencia de hechos del caso y que debe difundirlo el gabinete de prensa del TSJM. No la FGE, no la Fiscalía de Madrid. El TSJM. Lastra manifiesta su desacuerdo y le pide la orden por escrito. El FGE se la da. A la mañana siguiente, jueves 14, el gabinete de prensa del TSJM difunde el comunicado en cuestión en el cual se hace una relación de los hechos. La base para elaborar ese resumen son los correos, que no se citan.

El fiscal general del Estado, pues, ha entrado al trapo de Rodríguez. La batalla mediático-política pues ocupa el centro de atención.

En ese marco, la juez titular de juzgado de instrucción 18 de Madrid, María Inmaculada Iglesias admite a trámite, el 22 de marzo, la denuncia de la Fiscalía de Madrid por dos delitos de fraude y uno de falsedad (facturas falsas) y cita a declarar al imputado González Amador el próximo 20 de mayo.

Acto III

Tanto el Colegio de Abogados de Madrid como González Amador presentan denuncia y querella respectivamente ante la Audiencia de Madrid como el TSJM por presunta revelación de secreto contra los fiscales de delitos económicos Julián Salto y la fiscala jefe de Madrid, Pilar Rodríguez.

Inmediatamente se produce una grieta en el TSJM. La sala civil y penal del TSJM pide informe a la fiscalía del TSJM. Le toca por turno a la fiscal María de la O Silva. A ntes de pronunciarse sobre la querella pide ver los correos para determinar si hay alguna base. Pero la FGE le dice que se olvide de los correos, que la línea ya está fijada: no hay delito alguno. La fiscal exige una junta de fiscales de sala, órgano asesor en materia de doctrina, de la FGE. Aunque se ha abstenido, García obtiene una victoria pírrica: 16 a favor de informar contra la admisión a trámite y 15 a favor de investigar (13 a través del TSJM y 2 en un juzgado de Madrid). Uno de los fiscales de sala, Pedro Crespo, se abstiene (es marido de Almudena Lastra).

Acto IV

Tanto la querella de González Amador como la del Colegio de Abogados son admitidas a trámite este martes 7 de mayo. Tendrán que declarar como imputados, los fiscales Salto y Rodríguez. Quienes, lógicamente, tendrán que explicar quién les pidió los correos y a quién se lo dieron.

Y hay que tener en cuenta que Almudena Lastra, que se ha abstenido, será un testigo relevante. Un testigo de cargo, habida cuenta de que impidió sin éxito persuadir al FGE de que no se debía emitir el comunicado del 14 de marzo.

Por tanto, lo que aflore en estas diligencias a la luz de lo que ya se sabe arrojará luz sobre la utilización de información reservada en una batalla mediático-política dados los ingredientes del asunto: a saber, la defraudación cometida por la pareja de Ayuso.

Álvaro García está pendiente de un recurso de impugnación de su nombramiento en la sección cuarta de la Sala Tercera del Supremo. El FGE ha recusado (ver escrito de recusación) a cuatro magistrados que anularon el nombramiento de la exfiscal general del Estado y exministra Dolores Delgado el pasado año como fiscal de la sala Togada Militar del Supremo por “desviación de poder” cometido por García (y que el pasado martes 7 de mayo anularon el decreto ley que la nombró fiscal de Memoria Democrática). Pero todas las fuentes judiciales señalan que la amenaza a su continuidad vendrá de la querella de la pareja de Ayuso y de la acusación popular que se le ha dado en el caso al Colegio de Abogados de Madrid. Una amenaza que le llevaría a al camino tortuoso de la Sala Segunda del Tribunal Supremo por su actuación en el caso González Amador.

Quizá debería tomarse cinco días de descanso y anunciar el próximo lunes si le merece la pena seguir como FGE. Su política en la FGE -y la del Gobierno- se está desmoronando.

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