Despliegue policial para desalojar un terreno ocupado en las afueras de Ibiza

El núcleo chabolista de lo que en su día fue el hotel Rustic, situado frente al parque Marià Villangómez del municipio de Ibiza, quedó desalojado por completo este miércoles por la mañana en cumplimiento de las correspondientes sentencias del Juzgado de Primera Instancia número 3 de Ibiza y de la Audiencia Provincial, tal y como avanzó en su edición de este miércoles Diario de Ibiza.

Al parecer, no se produjo ningún incidente reseñable y todo apunta a que gran parte de quienes vivían en este asentamiento ya se habían marchado antes de la llegada de alrededor de una treintena de policías nacionales. Y es que se calcula que en el interior vivían al menos entre 60 y 80 personas, pero no fueron tantas las que continuaban en el lugar en el momento de la llegada de la comitiva judicial y los agentes. Cuando les vieron llegar, algunos ocupantes que permanecían en el interior lanzaron gritos durante pocos segundos, pero finalmente no hubo problemas destacados.

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En las instalaciones de este establecimiento existía, hasta el miércoles, un poblado ilegal en el que, además de las pequeñas casas que se edificaron en su momento, con su ocupación habían ido proliferando infraviviendas (por ejemplo, de madera) que los propios residentes levantaron, además de caravanas o vehículos similares. En este terreno, propiedad de una empresa registrada en Madrid, y en las inmediaciones, hay basura, chatarra y trastos de todo tipo.

En esta operación tomaron parte alrededor de treinta agentes de la Policía Nacional, que entraron pasadas las nueve y media de la mañana tras su llegada en furgones y coches del cuerpo. El comisario de Ibiza, Manuel Hernández, también estuvo presente, además de agentes de Policía Local de Vila, de la Guardia Civil y tres técnicos de Bienestar Social del Ayuntamiento de Ibiza, cuya función era de apoyo. Concretamente, participaron en el operativo «para comprobar si alguna de las personas desahuciadas, que no habían solicitado anteriormente ayuda al Ayuntamiento, requerían asistencia». El Ayuntamiento indicó que, hasta las 12:30 horas, estos profesionales atendieron a una persona vulnerable y a una familia «cuyas situaciones ya eran conocidas por los trabajadores sociales y contaban con su expediente iniciado». «Hasta las cuatro de la tarde, en total se han atendido a dos unidades familiares y a otras dos personas», añadieron desde el gabinete de prensa municipal.

Además, en los primeros instantes del desalojo también había un helicóptero sobrevolando la zona. Varios vecinos explican que era frecuente la entrada y salida de personas en este poblado y que habitualmente la policía se tenía que desplazar hasta la finca.

La parte demandante en todo este conflicto ha sido el único inquilino legal de estas instalaciones, con contrato con la propiedad. Ninguno de los demandados pudo demostrar que tuviese un contrato de alquiler, aunque afirman que durante un tiempo estuvieron pagando a una persona que en realidad no era la propietaria. La sentencia de la Audiencia Provincial recoge esta versión: «Aducen que una persona a la que ni siquiera son capaces de identificar les cedió el inmueble en arriendo, y que por ello satisficieron la renta pactada hasta que dicha persona falleció hace unos años. Desde entonces, no la han pagado, ni la han consignado». Es decir, desde hace unos diez años, según explica uno de los desalojados y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH).

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La Audiencia continúa —en la sentencia definitiva, en la que deniega el recurso de apelación que habían presentado los demandados contra la sentencia que instaba a los ocupantes a abandonar la propiedad— que «los testigos aportados por los propios demandados (que de ningún modo debieran haber sido propuestos ni admitidos como tales, ya que de sus manifestaciones se desprende que son otros ocupantes del inmueble y, por tanto, ostentan la condición de partes demandadas) han reconocido que esta persona no era propietaria del inmueble sino familiar del encargado de vigilarlo, de lo que se concluye que no estaba facultada para arrendarlo». El texto recuerda que no se ha podido probar la existencia de esta persona que presuntamente les cobraba para vivir allí.

Según lo expresado por Gloria Corral, coordinadora de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) en Ibiza y expolítica, «en lo que es la zona de las casitas, en total hay 14 familias que suman 48 personas, de las cuales 17 son menores». A estas cifras habría que sumar a quienes vivían en la parte de caravanas y otros vehículos.

En contacto con los afectados

Desde el Ayuntamiento de Ibiza afirmaron que han estado «en contacto con aquellos afectados que han solicitado ayuda desde el pasado mes de noviembre». «Cuando se confirmó la fecha del desalojo, como el Ayuntamiento ya era consciente de la situación y de las personas vulnerables que podrían requerir ayuda, se decidió establecer este miércoles un operativo especial de intervención social, reforzando la Unidad de Trabajo Social de Ponent».

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